El Gobierno afina un remezón laboral y ya prepara el paquete para mandar al Congreso

En plena carrera contra el reloj, desde la Casa Rosada terminaron de ajustar los últimos detalles del proyecto de reforma laboral que planean mandar al Congreso antes que cierre el año. No se trata de un simple retoque: el texto junta temas que se venían charlando -como el famoso banco de horas, vacaciones partidas y parámetros salariales renovados- y le da entrada a ideas frescas que estaban rezagadas, como un régimen especial para impulsar la formalidad, ventajas para quienes ya cumplen con la registración y nuevas reglas para ponerle límites a los sindicatos.

En los papeles oficiales, la movida busca "actualizar el marco de empleo en Argentina con reglas previsibles, que reduzcan el nivel de litigiosidad y se adapten al ritmo productivo actual". La intención es clara: bajar los costos, que se sumen más trabajadores registrados, atraer inversiones y despejar el terreno para que los trámites sean más simples.

¿Y qué nos traen de nuevo? Primero, una revisión profunda a la Ley de Contrato de Trabajo. Desaparece el concepto de "justicia social" para interpretar, se ponen firmes con los acuerdos conciliatorios y le dan un tijeretazo a la aplicación analógica de convenios colectivos. Los trabajadores eventuales pierden la chance de ocupar cargos gremiales, y además, la registración se va a simplificar: nada de pedir requisitos extra a lo que marca ARCA.

Para poner orden en las peleas por indemnizaciones, redefinen qué es remuneración, excluyendo beneficios como comedor o medicina prepaga y evitando que la propina ingrese en el sueldo. También se permiten pagos en pesos o moneda extranjera, y la negociación colectiva podrá incluir variables ligadas al rendimiento.

Desde el lado de las licencias, vacaciones y banco de horas, viene la novedad de que las vacaciones podrán dividirse, y el famoso banco de horas será opcional. Las ausencias por enfermedad tendrán que estar bien justificadas, y ante dudas se convocarán juntas médicas. En casos graves, el puesto se mantiene, pero el sueldo podrá ajustarse. Cabe destacar que desaparece la reserva de empleo para cargos electivos y el preaviso durante el período de prueba.

En cuanto a indemnizaciones, se mantiene la regla de un mes por año trabajado después del período de prueba, pero ahora con definiciones claras para que los cálculos no den lugar a confusiones.

Apuntando a la formalización, proponen crear los Fondos de Asistencia Laboral (FAL), que se financiarán con un 3% de las contribuciones patronales, y a cambio las empresas podrán bajar tres puntos en sus aportes al SIPA.

No se olvidan del empleo doméstico y de los trabajadores de aplicaciones: extienden el período de prueba a seis meses con recibos digitales para las casas particulares, mientras que los repartidores y mensajeros tendrán un régimen especial que exige inscripción en ARCA y asegura derechos como rechazar pedidos o acceder a formación gratuita, garantizando además el cobro íntegro de las propinas.

En materia de convenios colectivos, la ultraactividad se reduce: una vez vencidos, solo seguirán vigentes las condiciones laborales hasta que salga uno nuevo. Además, los convenios más chicos tendrán prioridad y la autoridad podrá suspender cláusulas ultraactivas que causen distorsiones económicas fuertes.

¿Y qué pasa con los sindicatos? Las asambleas en el trabajo necesitarán permiso del empleador en cuanto a horario, espacio y duración, y ese tiempo no será pago. Bloqueos y tomas quedan catalogados como "faltas muy graves", mientras que se recortan los créditos horarios de los delegados y se redefinen los alcances de la tutela sindical.

Para darle un empujón a la creación de empleo formal, lanzan el Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral por un año, con reducciones en contribuciones para nuevas contrataciones que cumplan ciertos requisitos, descartando a empleadores penalizados o que reincidan con despidos para usar el beneficio.

Por último, bajan las cargas para el empleo registrado: el aporte a obras sociales baja del 6% al 5%, y en general las cargas sociales también se achican, con el sector comercial y servicios de alta facturación pasando del 20,40% al 17,40%, y el resto del privado de 18% a 15%. También se planea un sistema para regularizar trabajos que todavía no están registrados, con beneficios previsionales y facilidades de pago.