¡Alerta en las bodegas! Denuncian que el INV juega con fuego al eliminar controles clave

Las entidades más pesadas del mundo vitivinícola nacional, como Acovi, UVA, AVM y Carpa, no se quedaron calladas y metieron un amparo ante la Justicia Federal de Mendoza para frenar una resolución del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) que elimina controles centenarios. La polémica gira en torno a dos herramientas fundamentales: el Certificado de Ingreso de Uvas (CIU) y la declaración Jurada CEC 05, que ahora pasaron a ser optativos.

El mate caliente lo tiró José Zuccardi, capo de Coviar, quien sostuvo con firmeza que estos requisitos son "dos componentes claves de control del Estado que permiten garantizar la trazabilidad de la producción y contar con estadísticas, claves para tomar decisiones". A diferencia de otros productos, el vino no puede ser tratado como si fuera cualquier commodity porque es un producto vivo, con su raíz geográfica bien marcada.

La medida que sacudió el sector se publicó el pasado 6 de noviembre en el Boletín Oficial, impulsada desde el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado que maneja Federico Sturzenegger. Si bien el sector no está en contra de bajar las burocracias, pidió a gritos que se mantengan el CIU y la CEC 05 para que no se desmande todo.

Zuccardi advirtió que la "desregulación indiscriminada amenaza décadas de trabajo y puede provocar pérdida de identidad, informalidad y un mercado descontrolado, algo que hasta perjudica al Estado porque la recaudación puede volar por el aire". No sólo el empresariado, sino que los gobernadores de las provincias vitivinícolas también hicieron escucharse, pero mientras llega alguna respuesta, la Justicia fue el último recurso para ponerle freno.

De prosperar esta demanda judicial, la cosecha 2026 sería bajo las reglas conocidas; de lo contrario, se implantará un esquema minimalista donde los controles serán un lujo y las certificaciones quedarán a voluntad. Una señal que no cayó bien entre quienes conocen bien la movida del vino argentino.

El CIU no es un simple papelito: es la garantía certificada, reconocida bilateralmente, que detalla peso, variedad y condiciones de entrega, y que hasta el gremio apoya sin vueltas. Además, se mantiene alineado con los estándares internacionales para ofrecer confianza a consumidores y mercados.

A finales de noviembre, los ministros de Producción de Salta, La Rioja, Catamarca y Jujuy enviaron una carta al ministro de Economía, Luis Caputo, respaldando esta defensa del sistema y pidiendo la restitución del CIU y la CEC 05, pero por ahora no hubo respuestas.

Mientras tanto, la vitivinicultura enfrenta nubarrones: baja el consumo local, bajan las exportaciones, suben las importaciones y la concentración productiva no afloja. El foco del problema está en Mendoza y se puso más turbia la cosa cuando Bodega Norton SA, un histórico de la bodega argentina, anunció concurso preventivo con una deuda que roza los 30 millones de dólares. La jueza Lucía Sosa exigió un depósito inicial para iniciar el proceso y así evitar la quiebra. La crisis está, y en la vid no corren buenos vientos.