Dos concejales suspendidos no se quedan y ponen la Justicia en alerta

El Concejo Deliberante de Caucete volvió a estar en el ojo del huracán. Este lunes, los concejales opositores Emanuel Castro y Ramiro Fernández salieron a denunciar que su suspensión por 30 días sin cobrar es "arbitraria" y nada menos que contraria a la Carta Orgánica del departamento. Sin pelos en la lengua, prometieron llevar la pulseada a la Justicia para forzar su restitución.

El pase de factura viene porque, según contaron, la resolución se votó apenas con tres votos -los del bloque oficialista, encabezado por José Luis Giménez, Luis Roca y Marina Poblete- y sin contar sus votos ni el de Fernández, a pesar de que los siete concejales estaban presentes. "La Carta Orgánica marca que para una suspensión hacen falta dos tercios, o sea cinco votos, y eso no pasó", aclaró Castro.

Pero ahí no termina la pelea: los ediles acusan a Giménez de pasarse de los límites y de impedirles que participen del voto. "Esto no sólo es irregular, es una vulneración directa de las normas del cuerpo", tiró sin guardarse nada. La sesión del jueves anterior estuvo llena de gritos, acusaciones y un clima más pesado que nunca.

El motivo oficial de la suspensión fue una denuncia hecha por la secretaria del bloque opositor, quien los acusó de presionarla para sacarle el 50% del sueldo. El caso ya está en manos del fiscal coordinador de la Unidad Fiscal de Delitos Especiales, con la cosa caliente a nivel judicial.

Ahora, Castro y Fernández tienen en la mira presentar un amparo con medida cautelar, buscando volver a sentarse en sus bancas mientras la Justicia se mete de lleno en este embrollo. La idea es que se deje sin efecto la resolución del Concejo y frenar lo que consideran una movida política con olor a mano negra.

Porque, según explicaron, la vuelta tiene que ver con la renovación de autoridades dentro del Concejo y un oficialismo que no reúne los votos suficientes para poner a alguien de sus filas en la presidencia. Los ediles apuntan a que dos jugadores importantes del espacio de la intendenta Romina Rosas, como Franco Buffagni y Pedro Gómez, le vienen dando la espalda al oficialismo en votaciones clave, lo que complica la estrategia del orreguismo.

Entre tantos giros, cabe recordar que por la Carta Orgánica, el presidente del Concejo tiene que ser alguien del mismo espacio político que la intendenta, y justamente Buffagni y Gómez serían los que cumplen esa condición, pese a haber competido en líneas distintas dentro del mismo frente electoral.

La ofensiva del oficialismo no dudó en avanzar sin esperar el fallo de la Justicia por la causa de presunta extorsión, apoyándose en las facultades disciplinarias del Concejo aunque sin el respaldo mayoritario que se necesita para decisiones así. Todo quedará en manos del Poder Judicial, que tendrá que poner orden en este ring político.

No es el primer round que el Concejo de Caucete pelea en tribunales: al inicio del segundo mandato de Rosas, la renuncia de la concejal Adriana Ginestar ya había generado una polémica de alto voltaje. El intento oficialista de poner en su lugar a Miriam Ábrego, amparándose en la paridad de género, se topó con un amparo de Pedro Gómez, quien defendió que el reemplazo fuera natural según la lista. Y así fue, Gómez terminó asumiendo.

Con estos antecedentes fresquitos y una nueva contienda en curso, el clima en Caucete se calienta otra vez y apunta a que el desempate lo dirima la Justicia. La política sancjuanina, bien sabe, nunca para de sorprender.