Se viene una vuelta de rosca en los planes sociales: quieren cambiar la plata por cursos para laburar
Desde el Gobierno de Milei quieren reemplazar la asistencia directa por vouchers que financien capacitación laboral, aunque hay dudas sobre la concreción de empleo y el financiamiento del proyecto.
El Ejecutivo nacional anda moviendo las piezas con una propuesta que promete revolucionar cómo se manejan los planes sociales en el país. La idea, impulsada desde el Ministerio de Capital Humano encabezado por Sandra Pettovello, es dejar atrás la entrega directa de plata para pasar a un sistema de vouchers que financien cursos de formación laboral.
Dicho en criollo, pretenden que los programas Volver al Trabajo (VAT) y Acompañamiento Social (PAS) muten en políticas activas que fortalezcan las habilidades para el laburo según lo que necesita cada región. Según contaron desde el gobierno, "Queremos que la gente se capacite en oficios útiles para cada región del país".
Para arrancar, pusieron en marcha una prueba piloto en el Centro de Formación de Capital Humano, con cursos certificados que van desde oficios varios hasta formación docente. Las charlas y talleres deben respetar ciertos requisitos técnicos y de calidad.
Sandra Pettovello ya tanteó el terreno con empresas como Sinteplast y Arcos Dorados (McDonald’s), que estarían dispuestas a meter el hombro ofreciendo formación dentro de sus plantas. En el último coloquio de IDEA en Mar del Plata, varios empresarios mostraron ganas de sumarse. En este esquema, el Estado pondría la infraestructura y la manutención, mientras que las compañías aportarían capacitaciones y materiales.
Esta reformulación arrancó a principios de 2024, tras dividir el programa Potenciar Trabajo que alcanzaba a más de un millón y medio de personas en dos subprogramas. El Gobierno asegura que el objetivo es darle a la gente herramientas concretas para insertarse en el mercado laboral, aunque no ocultan que sólo un 10% de los que se anoten podrían encontrar empleo formal a corto plazo.
Mientras tanto, organizaciones sociales nucleadas en la UTEP hicieron sonar las alarmas con protestas frente al Ministerio, exigiendo actualización de haberes que están congelados en $78.000 y un bono de emergencia. "No se puede congelar ingresos mientras la inflación sube", soltó sin vueltas Alejandro Gramajo, secretario general de la UTEP.
Pero ni mozos ni parroquianos logran frenar la apuesta del Ejecutivo. La ministra sostiene que esta apuesta a la reconversión es una "política de autonomía" para que la gente deje de depender tanto de intermediarios sociales. Por lo que se sabe, antes de que cierre el año quieren estirar el modelo a provincias y municipios, aunque queda en el limbo cómo se financiarán los materiales y cómo se van a certificar los cursos, dado que las firmas sólo pondrían una parte de la guita.
