Se acabó la mano dura: el Gobierno sacó casi mil trabas a la industria del vino

Este viernes, el gobierno de Javier Milei dio un paso tremendo en la desregulación al eliminar nada menos que 973 normas del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), según lo anunciado en la Resolución 37/2025 publicada en el Boletín Oficial. La idea es sacarle el peso del Estado a cada paso del proceso productivo del vino y que la industria tenga más libertad para laburar como se debe.

Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado, dejó bien claro: "se deja atrás un régimen en el que el Estado pretendía controlar cada paso del proceso productivo para pasar a un modelo enfocado exclusivamente en garantizar la aptitud para consumo del vino". Lejos quedaron los días en que los inspectores se metían hasta la cocina de las bodegas.

En sus redes sociales, Sturzenegger destacó la potencia del sector: "Argentina produce 900 millones de litros por año, siendo el quinto productor mundial, y exportamos 800 millones de dólares anuales". Pero también reconoció que el consumo global viene en bajada y los gustos mutan, con la moda de vinos sin alcohol en varios países. Por eso remarcó la necesidad de darle oxígeno y flexibilidad al rubro para adaptarse sin perder la pulseada.

Con esta movida, el INV se bajará de la etapa inicial y media de producción –desde las viñas a la cosecha, pasando por la elaboración y el transporte– y se va a enfocar solo en controlar que los productos finales embotellados sean aptos para tomar y que no estén adulterados. Las certificaciones de origen, añada y varietal ya no serán obligatorias: los productores o entidades privadas podrán manejarse según sus necesidades comerciales.

Esta reforma pega fuerte a todo el ecosistema, alcanzando a productores de uvas, bodegas, fábricas de mosto y espumosos, plantas de fraccionamiento y productores enológicos, además de comercializadores, distribuidores, exportadores e importadores, junto a laboratorios y operadores registrados.

Para dar una idea de lo que era el control estatal, el ministro subrayó que en 2024 el INV emitió 140.000 permisos de tránsito y realizó más de 5.000 inspecciones a bodegas, con empresas que veían a los inspectores casi cada dos días. Incluso se ocupaba de decidir el grado alcohólico mínimo anual para cada vino según la zona, algo que ahora queda de lado.

Sturzenegger fue contundente: "menos burocracia son menos oportunidades para la corrupción". Con las fiscalizaciones intermedias afuera, los inspectores solo tomarán muestras de los vinos embotellados para analizar, cortando de raíz cualquier discrecionalidad o posibilidad de corrupción.

El ministro cerró con un guiño a los productores: "Ya no andarán los inspectores del INV interfiriendo en la producción de las bodegas, un reclamo que se repetía hasta el cansancio. Como dice su titular Carlos Tizio, la mayoría de las bodegas no tienen problemas desde hace años. ¿Por qué tratarlas como ladrones? El negocio ya tiene suficientes quilombos sin que el Estado le ponga más palos en la rueda".