El Gobierno lanza su propuesta para cambiar las reglas del juego laboral

El Gobierno, con el respaldo que le dio la última elección, vuelve a poner sobre la mesa la reforma laboral, que ya estaba en el tintero del Consejo de Mayo. Esta movida, liderada por la diputada Romina Diez bajo el título de Ley de Promoción de Inversiones y Empleo, plantea un proyecto de ley que no es moco de pavo: ampliación de la jornada laboral, flexibilización de convenios y hasta indemnizaciones en cuotas. Todo esto con el objetivo de poner en marcha una economía que necesita un buen empujón.

La iniciativa busca retomar un texto que ya había sido presentado a fines de 2024 y que, a la luz de los nuevos tiempos, podría servir como base para actualizar la legislación laboral. Con el rótulo de Ley Bases, la propuesta pretende institucionalizar un modelo económico que modifique y mejore las condiciones entre empleadores y empleados, algo que no viene nada mal en tiempos difíciles.

Uno de los ejes de esta reforma es la modernización laboral. Se introducen cambios en artículos clave de la Ley de Contrato de Trabajo, como la redefinición del principio de irrenunciabilidad y la ampliación de las facultades del empleador para modificar las formas de trabajo. Además, se actualizan los beneficios sociales no remunerativos, que van desde el almuerzo hasta el pago de servicios de telefonía móvil y acceso a internet, y que no se suman al salario salvo excepciones.

En cuanto a la movilidad y disciplina laboral, el empleador podrá hacer cambios, siempre que no sean irrazonables ni alteren aspectos esenciales del contrato. Y ojo, que si se vulneran estos límites, el trabajador tiene la opción de considerarse despedido sin causa. También se precisan plazos para impugnar sanciones disciplinarias, dándole al trabajador 30 días para cuestionar la medida.

Los cambios no se detienen ahí: se redefine el concepto de beneficios sociales y se aclara que incluyen desde almuerzos hasta útiles escolares. El pago de remuneraciones podrá hacerse en efectivo, cheque o transferencia bancaria, y los recibos deberán detallar información relevante. En cuanto a vacaciones, se flexibiliza el período de otorgamiento y se permite fragmentar los días, asegurando que cada trabajador pueda disfrutar de sus vacaciones en verano al menos una vez cada dos años.

Además, el proyecto incorpora la posibilidad de que las convenciones colectivas de trabajo se adapten a las nuevas modalidades de producción, gestionando horas extras, bancos de horas y francos compensatorios, siempre respetando un mínimo de 12 horas de descanso entre jornadas. En el capítulo de licencias por enfermedad, se mantienen plazos de tres o seis meses de remuneración según la antigüedad, y se introduce un procedimiento para verificar certificados médicos.

En cuanto a la conservación del empleo tras el vencimiento de las licencias, el empleador deberá mantener el puesto durante un año adicional. Si el trabajador no regresa, cualquiera de las partes podrá dar por terminada la relación sin indemnización. Y atención: el régimen de intereses en créditos laborales también se modifica, limitando el total a lo que resulte del capital histórico ajustado por el IPC más una tasa de interés del 3% anual.

En el ámbito del trabajo agrario, se redefine el régimen legal excluyendo a trabajadores de actividades no agrarias. A su vez, se mantiene la responsabilidad solidaria de la empresa respecto de los trabajadores proporcionados, pero se excluye a propietarios que arrienden tierras no productivas.

Uno de los capítulos que más llama la atención es el de incentivos al empleo. Se establece un sistema de bonos de crédito fiscal para empleadores que inicien nuevas relaciones laborales en los primeros 18 meses de vigencia de la ley, con porcentajes que varían según el tamaño de la empresa: desde un 100% para microempresas hasta un 25% para empresas más grandes, siempre que la contratación implique un incremento neto en la nómina. ¡Una movida que podría cambiar el juego laboral en el país!