Casación rechazó los planteos de Cristina Kirchner y Lázaro Báez y avaló el decomiso en la causa Vialidad
Un fallo unánime ratificó el decomiso de más de 684.000 millones de pesos en la causa Vialidad. Cristina Kirchner y Lázaro Báez no pudieron frenar la ejecución de la medida que promete sacudir el tablero político.
En una resolución que podría cambiar el rumbo de la controvertida causa Vialidad, la sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal rechazó los planteos de las defensas de Cristina Fernández de Kirchner y Lázaro Báez sobre la ejecución del decomiso de más de $684.990.350.139,86. Este fallo, firmado por unanimidad por los jueces Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña, confirma que el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°2 tiene la responsabilidad de llevar adelante esta ejecución patrimonial, a raíz de la condena por administración fraudulenta en perjuicio del Estado.
El debate se centró en la naturaleza del decomiso y si realmente se ajusta al marco penal. Las defensas argumentaron que la medida no solo excedía el ámbito penal, sino que también debía ser tratada en el fuero civil. Aseguraron que esta ejecución implicaba una "acción resarcitoria", lo que podría violar el principio de "ne bis in ídem", que prohíbe ser castigado dos veces por lo mismo.
Los abogados de Fernández de Kirchner, Carlos Beraldi y Ariel Llernovoy, se quejaron de que la acusación estaba buscando reemplazar el decomiso legal por un mecanismo que vulnera las garantías constitucionales. Además, denunciaron la existencia de litispendencia, alegando que había causas paralelas con pretensiones patrimoniales superpuestas, lo cual, a su juicio, era un claro atropello a la prohibición de la doble persecución.
Por su parte, la defensa de Báez sostuvo que la unificación de condenas del TOF N°4 debería absorber todas las consecuencias jurídicas, incluidas las accesorias como el decomiso. Aseguraron que permitir que dos tribunales distintos actúen sobre el mismo patrimonio es un desastre que podría generar un caos judicial y vulnerar los principios de legalidad.
El Ministerio Público Fiscal, encabezado por el fiscal general Mario Villar, se mostró firme en su postura. Rechazó los recursos de las defensas y defendió la competencia del TOF N°2. En su dictamen, Villar enfatizó que el decomiso no es una pena, sino una medida destinada a eliminar beneficios patrimoniales obtenidos de manera ilícita, y que su aplicación no depende de la culpabilidad individual.
La Cámara de Casación Penal no solo abordó los argumentos de las partes, sino que también reafirmó la naturaleza penal del decomiso y su alcance temporal. La medida se proyectará sobre el período comprendido entre 2003 y 2015, ya que fue durante esos años que se acreditaron las maniobras delictivas. El juez Hornos destacó que el decomiso es clave para recuperar lo sustraído y evitar que estos delitos queden impunes.
Finalmente, la decisión de la Cámara se apoya en los compromisos internacionales asumidos por Argentina en la lucha contra la corrupción. Así, la Cámara de Casación Penal ratificó la competencia del TOF N°2 para ejecutar el decomiso, reforzando así la política de recuperación de activos en causas de corrupción y alineándose con los estándares internacionales.
