La batalla judicial de Cristina Kirchner se intensifica: presionan para el avance con el decomiso de los bienes de Cristina Kirchner

El fiscal Mario Villar no se queda de brazos cruzados y desestimó el pedido de Cristina Kirchner y el empresario Lázaro Báez para trasladar el caso al fuero Civil y Comercial. Villar le pidió al Tribunal Oral Federal 2 que sigan adelante con el decomiso de bienes, argumentando que "el decomiso busca eliminar las ventajas patrimoniales obtenidas de manera ilícita, que podrían incentivar nuevos delitos".

La defensa de la expresidenta no se rinde y critica el monto fijado por la Justicia, así como el método usado por los peritos para llegar a esa cifra. Sin embargo, Villar explicó que la suma corresponde a la "manipulación ilícita de los procesos licitatorios investigados y sobre la base de los sobreprecios en los contratos de obra pública". Las pruebas están sobre la mesa y el fiscal insiste en que el trámite debe continuar.

El representante del Ministerio Público Fiscal dejó claro que el intento de CFK de mover el caso al fuero Civil y Comercial es un error conceptual. El decomiso no es una indemnización, sino una herramienta del Estado para recuperar bienes ligados a delitos. "Es la forma que tiene el Estado de procurarse los bienes que sirvieron para cometer un hecho ilícito", enfatizó.

Mientras tanto, la Cámara de Casación, con Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña a la cabeza, está evaluando la solicitud de la defensa. Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola pidieron que se avance sin dilaciones en la ejecución de veinte inmuebles pertenecientes a la familia Kirchner, pero el TOF 2 esperará la decisión de Casación antes de actuar.

La Cámara tiene cinco días hábiles para pronunciarse, y esa resolución podría ser clave para determinar el futuro de los bienes en cuestión. Por si fuera poco, Casación ya dictaminó que Cristina Kirchner debe devolver la increíble suma de 684 mil millones de pesos por los delitos que la Justicia le encontró culpable en la causa Vialidad.

La defensa cuestionó el método de actualización del monto del decomiso, argumentando que debería ser solo de $42.000 millones según sus cálculos. Pero los jueces no se dejaron llevar y confirmaron que el uso del índice de precios al consumidor (IPC) es razonable para preservar el valor real del beneficio ilícito.