¡El Estado no afloja! Insiste en cobrarles a las empresas impuestos por pérdidas que la Justicia ya avaló

Acá en Argentina, parece que la plata nunca alcanza, y el Ministerio de Economía, lejos de aflojar, se puso firme con una idea que trae cola: quiere cobrarles a las empresas por las pérdidas impositivas, los famosos quebrantos, que se actualizaron por la inflación. El problema es que los especialistas en impuestos ya le avisaron a todo el mundo que esto es un golazo en contra para el Estado, porque las compañías tienen todas las de ganar si van a la Justicia.A pesar de que le advirtieron al ministro Luis Caputo que esto podría terminar en juicios millonarios, la Agencia de Recaudación (ARCA) lanzó un plan de pagos para que las empresas se sumen. Pero la cosa viene tan complicada que ya lo tuvieron que cambiar varias veces. La última, la Resolución 5775/2025, extendió los plazos para algunos cierres de ejercicio.Para los que saben, como César Litvin, de Lisicki, Litvin & Abelovich, este plan no convence a nadie. Las empresas están convencidas de que las pérdidas sí o sí tienen que ajustarse por la inflación. Y tienen de su lado un fallo de la Corte Suprema en el caso de Telefónica de 2022, donde se dejó claro que no actualizar esos quebrantos es confiscar la propiedad de las empresas, una zarpada que va contra la Constitución.Parece que esta idea de no actualizar los quebrantos viene de una interpretación bastante discutible de una funcionaria que sigue desde el gobierno anterior, Claudia Balestrini. Se la habría "vendido" al Secretario de Hacienda, Carlos Guberman, como una forma rápida de hacer caja. Y esto choca de frente con el discurso oficial de que se están bajando impuestos, justo cuando Caputo promete una reforma tributaria para después de las elecciones, ¡con menos impuestos para todos!Dicen que Juan Pazo, el titular de ARCA, habría tirado la cifra de 3 billones de pesos que esperaban recaudar. Pero nadie lo confirmó oficialmente. Lo que sí se sabe es que hasta agosto, casi 5000 empresas se sumaron al plan de pagos de Ganancias, aportando unos 365 mil millones de pesos. Una cifra importante, pero que no evita que los expertos sigan viendo esto como un paso en falso del gobierno.Es un quilombo que el gobierno, por un lado, hable de alivio fiscal y, por el otro, insista con medidas que la Justicia ya marcó como inconstitucionales. Veremos si esta pulseada entre el Estado y las empresas se define en los tribunales o si el Ministerio de Economía, al final, se pone las pilas y cambia de estrategia.