¡Se les terminó la joda! Dura condena para los presos que armaron un quilombo zarpado en la cárcel de Mendoza

Después de más de dos años de aquel momento de tensión, el Tribunal Penal Colegiado N° 2 de Mendoza confirmó la condena de diez años de cárcel para los cuatro internos que lideraron una toma de rehenes en el Complejo Almafuerte I. Un golazo para la autoridad penitenciaria, que busca dejar un mensaje claro contra la violencia intramuros.
Esta nueva pena se suma a las que ya venían cumpliendo estos muchachos por otros delitos graves. El episodio, que hizo temblar los cimientos del penal, ocurrió el 24 de mayo de 2023, en plena jornada educativa dentro del Módulo 5. Ahí, los presos se alzaron y retuvieron a un profesor de la DGE y a un agente del Servicio Penitenciario.
¿El motivo? Querían sí o sí que un juez se presentara en el lugar para escuchar sus reclamos sobre derechos humanos. Pero la cosa no les salió como esperaban: la intervención rápida del personal especializado controló la situación y garantizó la seguridad de las víctimas, que la pasaron como si nada.
Entre los condenados están Omar Alexander Gómez Cortez, un peso pesado con más de 23 años en cana, famoso por delitos como robo agravado y homicidio en grado de tentativa, y hasta por haber impulsado la Ley Petri con su historial. También Pablo Morales Montenegro, que cumple más de 24 años por robo y se hizo conocido por intentar fugarse disfrazado de mujer en 2014. Héctor Mercado López, con una pena de 35 años por homicidio, ya había participado en otra toma de rehenes. Y Ricardo Cortez Acosta, sentenciado por homicidio siendo menor, con antecedentes por robos y motines.
Pero el sistema penitenciario de Mendoza también recibió un "manso" palo en otro caso. Un fallo judicial obligó al Estado provincial a pagar ochenta millones de pesos a la familia de un interno asesinado en el mismo penal de Almafuerte. La jueza Fabiana Martinelli sentenció que las autoridades fallaron en garantizar la seguridad mínima del detenido.
El crimen ocurrió en abril de 2022, cuando otro recluso, tras consumir drogas dentro de la prisión junto a la víctima, lo golpeó y lo estranguló. La jueza fue lapidaria: "El uso de estupefacientes en contextos de encierro es habitual, y si el agresor ya presentaba una adicción previa, esa condición debió ser detectada al momento de su ingreso".
La indemnización se repartirá entre la madre (cincuenta millones) y los dos hermanos (quince millones cada uno). Aunque el pago no es inmediato, el Gobierno provincial todavía puede apelar la decisión, estirando un poco más el asunto.
La jueza dejó en claro que la seguridad estatal tiene una doble función: no solo proteger a la sociedad del delito, sino también asegurar los derechos de los que están adentro, recordando que el objetivo final del sistema penal debería ser la reinserción social. Una tarea que, a la luz de estos hechos, parece quedar hecha pelota.