Fentanilo Mortal: La Justicia Investiga un Papelón en los Controles de la ANMAT
La Justicia federal le está pisando los talones a funcionarios de ANMAT e INAME por más de cien fallas y omisiones en los controles a los laboratorios del fentanilo que mató a casi cien personas.
El magistrado ya ordenó siete allanamientos, incluyendo los domicilios de la titular de la ANMAT, Nélida Agustina Bisio, y de la ex jefa del INAME, Gabriela Carmen Mantecón Fumadó. Incluso, los peritos ya lograron abrir varios de los celulares secuestrados, como el de Bisio, buscando pistas cruciales. La pregunta que quedó picando es si Ariel García Furfaro, dueño de los laboratorios implicados, se reunió en enero con la titular de la ANMAT, tal como él mismo declaró.
La Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) no se anduvo con chiquitas y en un dictamen zarpado de 79 páginas, advirtió sobre "la ineficiente tarea de contralor de los organismos competentes del Estado, a lo largo del tiempo". Es que se detectaron más de cien irregularidades críticas en HLB Pharma y Laboratorios Ramallo, los que produjeron el fentanilo mortal. Desde contaminación microbiana hasta problemas en el etiquetado y uso de envases no autorizados.
La cosa es grave: según la documentación oficial, si los controles hubieran sido más efectivos y menos displicentes, el lote contaminado que se elaboró el 18 de diciembre de 2024, asociado a la muerte de casi un centenar de personas, podría haberse evitado. Mantecón Fumadó fue desplazada de su cargo, mientras que Bisio, por ahora, cuenta con el respaldo de arriba.
Entre las irregularidades, se encontraron casos como el del Hospital de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez, que reportó partículas en Clindamicina, o el Hospital de Niños Dr. Orlando Alassia, que denunció contaminación microbiana en Metronidazol. Estos son solo algunos ejemplos que demuestran una falla sistémica en los controles que se repetían desde 2018.
La situación es tan delicada que el propio Ariel García Furfaro, en su indagatoria, contó haber hablado con Bisio en enero, justo cuando la ANMAT debía decidir sobre 27 desvíos en Laboratorios Ramallo. La inspección había empezado en noviembre y el laboratorio fue inhibido para producir recién en febrero, un mes después de esa supuesta reunión.
Ahora, la Justicia no solo apunta a los que elaboraron y vendieron el fentanilo adulterado, sino que también investiga la responsabilidad penal y administrativa de toda la cadena de controles. La PIA considera que es indispensable analizar "conductas penalmente reprochables" de funcionarios que, sabiendo de las irregularidades, permitieron que el riesgo para la salud pública siguiera en pie.
