Manotazo de ahogado: El Gobierno va a fondo con maniobras judiciales para tapar el escándalo de los audios

El Gobierno Nacional puso en marcha dos jugadas judiciales al mismo tiempo, pero con un objetivo clarísimo: desviar la atención y bajarle el volumen al escándalo del caso Spagnuolo. La idea es correr el foco de las grabaciones que denuncian un esquema de corrupción en el área de discapacidad. Para eso, parece que cruzaron algunos límites bien sensibles.Una de las movidas fue un pedido para que no se difundan audios que, dicen, serían de Karina Milei. El juez Alejandro Maraniello aceptó la medida cautelar, pero en los pasillos de Tribunales ya se comenta que esto es un "disparate" y que no tiene chances de pasar el filtro de la Cámara Federal. Muchos lo ven como un acto de censura previa, algo que va a contramano de la Constitución.La otra presentación, que salió desde Olivos, terminó en el juzgado federal de Julián Ercolini. Se habló de "espionaje" y el fiscal Carlos Stornelli pidió algunas pruebas, pero aclaró que no se podía investigar a periodistas ni allanar medios, algo que sí pedía el texto original del Ministerio de Seguridad. Patricia Bullrich salió a bancar la postura oficial, denunciando una operación de desestabilización.Lo que se busca con todo esto es, además de frenar los supuestos audios de Karina Milei, bloquear la difusión de las grabaciones de Diego Spagnuolo. Él era un exfuncionario de la Agencia Nacional de Discapacidad y sus audios destaparon un entramado de corrupción que involucra a la droguería Suizo Argentina. Este tema ya venía sonando fuerte en el Congreso.Para el oficialismo, era clave neutralizar esta causa. Pero no solo se trata de parar los audios, algo casi imposible hoy en día. También quieren poner la lupa en cómo aparecieron estas grabaciones, un tema que siempre genera debate en la política local y que, dicen, expone internas en los servicios de inteligencia y dentro del propio mileísmo.Abogados y juristas de renombre salieron al cruce rápidamente, criticando duramente la censura previa. Insisten en que estas acciones chocan de frente con nuestra Constitución Nacional y con tratados internacionales. No es solo un tema de privacidad, dicen, sino de audios que revelan posibles actos de corrupción.La situación es grave y va más allá de la campaña electoral, con el ojo puesto en las próximas elecciones y en la reacción de los mercados. El Gobierno viene sumando reveses en el Congreso y con los gobernadores, y muchos atribuyen esto a su forma de hacer política. El caso Spagnuolo pegó fuerte en el discurso "anticasta" de Milei.Intentar frenar la circulación de estas grabaciones, incluso forzando los límites constitucionales, muestra lo grande que es el problema político. Y, paradójicamente, estas movidas solo consiguen que los audios se escuchen todavía más fuerte.