El Gobierno Nacional avanza con la privatización: cuatro gigantes hidroeléctricos a la venta

El Gobierno nacional ha formalizado un paso trascendental en su política de privatizaciones al autorizar la venta de las acciones de las empresas hidroeléctricas Alicurá, El Chocón-Arroyito, Cerros Colorados y Piedra del Águila. Esta decisión, enmarcada en el ambicioso proceso de desinversión de compañías del Estado, busca redefinir la participación del sector privado en la generación de energía a gran escala.

La medida fue oficializada a través del Decreto 564/2025, publicado este viernes en el Boletín Oficial, lo que le otorga carácter de ley y pone en marcha los mecanismos para la transferencia de estos activos estratégicos. Las acciones de estas importantes centrales, que actualmente se encuentran bajo la órbita de Energía Argentina S.A. (ENARSA), serán puestas a disposición del mercado a través de un concurso público nacional e internacional.

Las bases de este llamado, que se ha definido como "competitivo y expeditivo" y que no establecerá un precio base, deberán concretarse dentro de los próximos 60 días, buscando atraer a inversores interesados tanto del ámbito local como global. La autoridad de aplicación de este proceso será el Ministerio de Economía. Esta cartera tendrá la facultad de dictar todas las pautas y condiciones que regirán el Concurso Público, incluyendo aspectos cruciales como el esquema de remuneración para las futuras operaciones y cualquier anexo relevante que asegure la transparencia y eficiencia del proceso de venta.

Un punto de especial atención recae en las actuales concesionarias que operan estos complejos hidroeléctricos: Orazul Energy Cerros Colorados S.A., Enel Generación El Chocón, AES Argentina Generación, y Central Puerto. Estas empresas tienen la opción de continuar al frente de las operaciones si remiten una Carta de Adhesión dentro de los próximos cinco días hábiles, una ventana temporal clave para la continuidad operativa de estas infraestructuras vitales.

En caso de que las concesionarias decidan adherirse a las condiciones impuestas por el Gobierno, podrán continuar operando los complejos hasta el 31 de diciembre de 2025 inclusive, o hasta que se concrete y finalice el concurso público, lo que ocurra primero. Esta disposición busca asegurar la estabilidad en la generación de energía durante la transición. No obstante, en el escenario de que alguna de las concesionarias opte por no adherirse a la propuesta, el decreto establece una obligación clara: deberán continuar generando energía eléctrica por un plazo no inferior a 90 días hábiles.

Esta cláusula es fundamental para garantizar que no haya interrupciones en el suministro eléctrico y dar tiempo suficiente para una transición ordenada. Las concesionarias que decidan adherir a este nuevo esquema estarán sujetas a una serie de condiciones estrictas. Entre ellas, se destaca el cumplimiento riguroso de los contratos de concesión vigentes, lo que implica mantener la calidad y eficiencia operativa.

Además, deberán conservar una garantía de cumplimiento del contrato que no podrá ser inferior a los US$ 4.500.000, un monto significativo que busca asegurar la seriedad de su compromiso. Adicionalmente, se les exigirá la aceptación de cambios en el esquema remuneratorio, lo que podría implicar una renegociación de los términos económicos de sus operaciones.

También será mandatorio el pago de regalías a las provincias de Río Negro y del Neuquén, jurisdicciones clave donde se ubican algunas de estas centrales, asegurando así un beneficio para las economías regionales. Finalmente, deberán presentar inventarios detallados de los bienes asociados a las concesiones, postergar la transferencia de ciertos activos específicos y permitir visitas a los perímetros de las concesiones a los interesados en participar del Concurso Público, garantizando la transparencia y el acceso a la información para los potenciales nuevos operadores.