Cristina Kirchner y condenados deben devolver 684 mil millones de pesos al Estado

Los peritos de la Corte Suprema de Justicia actualizaron hoy el monto que deberán devolver todos los condenados del caso Vialidad de forma solidaria. La cifra de $85 mil millones determinada en la sentencia del tribunal oral de diciembre de 2022 fue actualizada a $684.990.350.139,86 (unos 540 millones de dólares al cambio actual).

Se trata del dinero a decomisar por la maniobra de defraudación al Estado en la obra pública de Santa Cruz. Este informe será evaluado por el Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2), que condenó a la ex presidenta Cristina Kirchner y al resto de los implicados en un fallo confirmado por la Cámara de Casación y la Corte Suprema, que dejó firme la sentencia rechazando las apelaciones.

Entre los condenados está la ex mandataria, quien cumple pena de seis años en su domicilio, y otras ocho personas vinculadas al caso. Todos deberán pagar los 684 mil millones de pesos que determinados por el tribunal, que les dará 10 días para hacerlo. Si no cumplen, se rematarán los bienes registrados a su nombre. En el caso de Cristina Kirchner y el empresario Lázaro Báez, también condenados, ya tienen sus bienes embargados en otras causas.

En diciembre de 2022, el TOF 2 condenó a la expresidenta y a los demás imputados por un esquema sistemático de corrupción con la adjudicación irregular de 51 contratos de obra pública vial a Báez en Santa Cruz. Según la sentencia, este empresario recibió el 86% de esas obras durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner.

Los peritos actualizaron la cifra utilizando como base el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC, aplicando metodología aprobada por la Federación Argentina de Consejos Profesionales en Ciencias Económicas para reflejar la variación por inflación y otros factores. Se consideraron sobreprecios del 64%, cartelización en las licitaciones, pagos por obras no realizadas y precios injustificados.

"Se tomará el último índice de precios al consumidor publicado por el INDEC al 26/6/2025 (mayo de 2025) y al 6/12/2022 (noviembre de 2022)" explicaron los peritos. Así concluyeron que el monto actualizado asciende a $684.990.350.139,86, es decir seiscientos ochenta y cuatro mil novecientos noventa millones, trescientos cincuenta mil ciento treinta y nueve pesos con ochenta y seis centavos.

Por su parte, el perito de parte de Cristina Kirchner presentó un dictamen en disidencia respecto al oficial.

El fallo de segunda instancia calificó el hecho como un grave caso de corrupción sin precedentes desde la primera línea del Estado, y sostuvo que Cristina Kirchner encabezó un esquema sistemático de desvío de fondos públicos para intereses particulares, perjudicando al Estado. El beneficio económico fue calificado como "financiero, incuantificable y absolutamente contrario al interés público".

Los otros ocho condenados en la causa son Lázaro Báez, José López, Nelson Periotti, Juan Carlos Villafañe, Raúl Pavesi, Mauricio Collareda, José Santibáñez y Raúl Daruich.

Una vez que el tribunal analice el informe pericial y asigne montos a cada condenado, se intimará a depositar el dinero en un plazo de diez días. Si incumplen, se ejecutarán los embargos sobre sus bienes: propiedades, cuentas bancarias, acciones y vehículos, que ya están en proceso de actualización.

El fiscal Diego Luciani, que trabajó en el caso, destacó la importancia de la ejecución de este decomiso dada la magnitud del daño social causado. Presentó un informe con 40 páginas sobre bienes detectados a nombre de Cristina Kirchner, sus hijos Máximo y Florencia, y Lázaro Báez, entre otros. En el caso de la ex vicepresidenta se pidió que se mantengan embargos sobre fondos en cajas de seguridad, cuentas bancarias, 25 inmuebles cedidos a sus hijos en 2016 y las acciones en las empresas Hotesur S.A., Los Sauces S.A. y COMA S.A.

Báez posee más de 130 propiedades, principalmente en Santa Cruz, además de acciones en constructoras como Austral Construcciones.

Según la Ley 23.853 y una acordada de la Corte Suprema, el dinero decomisado pasará al presupuesto del Poder Judicial. Sin embargo, los fiscales Luciani y Sergio Mola insistieron en que los fondos deben tener un destino social para resarcir el daño ocasionado, sugiriendo su uso en salud, educación, infraestructura o vivienda para intentar reparar el desequilibrio ocasionado por los delitos.

El próximo paso será el inicio del proceso de ejecución con la intimación al pago o el embargo de bienes. La causa Vialidad fue el primer juicio oral que condenó a Cristina Kirchner, pero aún debe afrontar otros procesos como "Los cuadernos de las coimas" y causas por maniobras de lavado a través de Hotesur y Los Sauces.