Un juzgado de Madrid condenó a una profesora de pedagogía terapéutica y a una auxiliar técnica educativa a siete años de prisión por vejar e insultar reiteradamente a siete alumnos con síndrome de Down, de entre 7 y 12 años, en un colegio de educación especial, la Fundación Gil Gayarre, en Pozuelo de Alarcón.
Según la sentencia del Juzgado de lo Penal número 1 de Madrid, las acusadas utilizaron un tono "despectivo y amenazante" con una lista innumerable de insultos a los pequeños entre enero y marzo de 2019, siendo plenamente conscientes de las limitaciones cognitivas de los menores.
"Estás bobo, estás atontado tío"; "deja de hacer bobadas"; "me dan ganas de matarte"; "¿lo que hace es el gilipollas, a que sí?"; "¿te haces el tonto del culo? Pues más tonta del culo voy a ser yo contigo, te voy a amargar la vida"; "que me importa un pito que llores, un pito y medio"; "que ganas tengo de darle una hostia un día"; "gilipollas"; "sois unos mierdas"; "te voy a quitar la sordera de un guantanzo" o "¿que te machaque te gusta? Pues te machaco un poco". Estos son algunos ejemplos de los insultos que las docentes usaban para humillar y vejar a los niños del colegio especial.
Una grabadora en un osito de peluche
Todas estas agresiones verbales quedaron registradas en unos audios captados por una grabadora oculta en un osito de peluche. Los padres de una de las menores que acudía a esta escuela, preocupados por el repentino cambio de actitud de su hija –que pasó de acudir feliz al colegio a mostrar ansiedad, rechazo a asistir y episodios de vómitos–, decidieron colocar el dispositivo en el muñeco que colgaba de su mochila para averiguar qué estaba ocurriendo en el aula.
Cuando los progenitores escucharon los audios, no se podían creer el maltrato que recibían los menores a diario y denunciaron ante la Policía los graves hechos. Las acusadas se escudaron en que las grabaciones se habían obtenido de forma ilícita en el entorno escolar, intentado anular la prueba en el juicio.
Sin embargo, la jueza afirmó que los padres de la menor, en calidad de representantes legales, tenían la facultad de consentir grabar las conversaciones en las que participase su hija en el ejercicio de la patria potestad.
Siete delitos contra la integridad moral
La resolución judicial considera probados siete delitos contra la integridad moral, uno por cada víctima, con el agravante de discriminación por discapacidad.
Además de la pena de prisión, las condenadas no podrán acercarse a los menores a menos de 500 metros durante dos años, deberán indemnizar a tres de ellos con 5.000 euros cada uno y quedan inhabilitadas para trabajar con menores o personas con discapacidad durante el tiempo de condena.
La magistrada también declaró responsable civil subsidiario al centro educativo, la Fundación Gil Gayarre, por no detectar ni frenar las humillaciones, las vejaciones y el maltrato verbal. Según la sentencia, los menores afectados han mostrado secuelas psicológicas y retrocesos en su desarrollo académico y emocional.
