Fiscalía apeló el arresto domiciliario de Cristina Kirchner y pidió prisión en unidad carcelaria
Los fiscales Luciani y Mola solicitaron que la ex presidenta cumpla la pena en una cárcel y objetaron su detención domiciliaria, alegando complicaciones en el barrio y cuestionando la seguridad y las razones humanitarias.

Los fiscales federales Diego Luciani y Sergio Mola apelaron la prisión domiciliaria de la ex presidenta Cristina Kirchner en la causa "Vialidad" y pidieron que "continúe cumpliendo la pena de prisión que se le impuso en una unidad carcelaria".
Fuentes judiciales informaron que la Fiscalía presentó su dictamen para que la Cámara Federal de Casación Penal revoque la detención que la ex mandataria cumple en su departamento de la calle San José 1.111, barrio porteño de Monserrat. Los fiscales sostuvieron que "jamás existieron motivos reales para apartarse de lo que constituye una clara regla del Código Penal y de la Ley de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad: la pena de prisión debe cumplirse dentro de un establecimiento penitenciario".
Además plantearon que, en caso de continuar en prisión domiciliaria, esta debería ser en otro lugar, debido a que genera complicaciones en el barrio, informadas por el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, y también por razones de seguridad, tras el intento de homicidio que sufrió en 2022. Por eso indicaron que "se deberá disponer inmediatamente de otro lugar para cumplir con la prisión domiciliaria".
El Tribunal Oral Federal 2 había concedido la prisión domiciliaria a Cristina Kirchner por razones de seguridad, considerando su condición de dos veces ex presidenta y el intento de homicidio sufrido, y que su edad de 72 años justificaba un régimen de aislamiento compatible con razones humanitarias.
Los fiscales objetaron estos argumentos, sosteniendo que las penas por casos graves de corrupción pública deben cumplirse en establecimientos carcelarios y que la detención domiciliaria no favorece la resocialización, como establece la ley.
En relación con la seguridad, Luciani y Mola señalaron que el Ministerio de Seguridad, a cargo de Patricia Bullrich, informó lugares en fuerzas federales adecuados para que la ex presidenta cumpla la condena, pero que el Tribunal Oral no analizó ese informe. Afirmaron que no se ha demostrado que alojarla en una unidad penitenciaria implique un trato inhumano, y rechazaron que la edad de Cristina Kirchner sea un obstáculo obligatorio para la prisión en cárcel.
También subrayaron que a Cristina Kirchner se le dio un trato especial, ya que a diferencia de los otros ocho condenados del caso que se presentaron en Comodoro Py para quedar detenidos, a ella no se le impuso ese trámite al concederse la prisión domiciliaria.
"Es necesario que el tribunal de casación declare que no existe impedimento real para que Fernández cumpla intramuros la pena impuesta", indicaron los fiscales, quienes afirmaron que la situación de la ex presidenta no difiere de la de los otros condenados que ya están alojados en dependencias penitenciarias.
Por otra parte, la Fiscalía citó un informe de la Procuración General de la ciudad de Buenos Aires que reveló que desde que Cristina Kirchner está en el departamento de San José 1.111, se produjeron marchas y concentraciones que afectaron al barrio, dificultando servicios como recolección de residuos y el paso de ambulancias, así como denuncias por ruidos molestos.
Los fiscales presentaron imágenes de medios mostrando gente sobre balcones y concentraciones frente al domicilio, argumentando que esta situación afecta tanto al barrio como a la seguridad de la ex presidenta, y plantearon que en caso de no revocar la prisión domiciliaria, se debe disponer otro lugar que mitigue estas falencias.
La causa ahora espera la intervención de la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por los jueces Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña, quienes deben analizar varias apelaciones presentadas.
Entre ellas está el régimen de visitas impuesto por el Tribunal Oral, que permite el ingreso sin autorización judicial sólo a familiares, médicos, abogados y custodios, mientras que otros visitantes deben pedir permiso. La defensa apeló esta decisión y la Cámara convocó a una audiencia el 7 de julio a las 12 horas para escuchar argumentos.
También la defensa apeló el uso de la tobillera electrónica impuesta, y la Fiscalía presentó su apelación contra la prisión domiciliaria, todos planteos que serán analizados por Casación.
El proceso continúa y el tribunal deberá decidir si mantiene o revoca el arresto domiciliario de la ex presidenta.